El proyecto para modificar el Código del Trabajo y reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales finalizó esta semana su trámite legislativo, quedando en condiciones de ser promulgado.

De forma previa a la discusión en el Congreso, la Universidad de Concepción operó con un modelo experimental de jornada reducida que, en un principio, atendió problemas específicos de la comunidad universitaria, pero que sentó las bases para preparar a la casa de estudios en este nuevo escenario normativo.

En la UdeC, la modalidad de jornada reducida se inició el 6 de marzo de 2020, bajo la resolución Nº 2020-014-03 de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos –VRAEA. La medida respondió a las dificultades de transporte existentes en la ciudad, derivadas en parte por las movilizaciones producidas en el marco del estallido social y que persistían a inicios del mes de marzo de ese año.

Posteriormente, el modelo se perfeccionó para atender la emergencia sanitaria del Covid-19 en nuestro país y enfrentar los desafíos para desarrollar las funciones laborales en un entorno de restricción.

La Directora de Personal UdeC, Cecilia Saavedra Valenzuela, dijo que la jornada de 40 horas en nuestra casa de estudios ha contado con un gran alcance y una evaluación positiva, enmarcada en los objetivos de la institución.

“La Universidad de Concepción se encuentra en una posición ventajosa, que tiene que ver con el propósito institucional de avanzar hacia la implementación de una jornada laboral de 40 horas, independiente de la demora o celeridad de la tramitación del proyecto de ley que ya fue aprobado”, explicó.

En ese sentido, la directora confirmó que «esperamos concluir (implementación) a más tardar el 31 de julio para la totalidad del personal administrativo afecto a la jornada ordinaria de trabajo«.

Etapas

La consolidación de esta estrategia institucional comenzó el segundo semestre de 2022, cuando se aplicó una encuesta enviada a las 2.144 trabajadoras y trabajadores afectos a la jornada ordinaria de trabajo. Los datos fueron validados con las jefaturas hasta consensuar los resultados.  Con esto, agregó la Directora de Personal, “buscamos contar con elementos de juicio más certeros, para operar más allá de la mera percepción”.

La encuesta permitió determinar que solo un 37% estaba cumpliendo una jornada superior a las 40 horas. El resto se encontraba en la modalidad de jornada única o en un modelo distinto, pero siempre de 40 horas.

La siguiente etapa consistió en solicitar a cada facultad y organismo un informe para adecuar la jornada de quienes aún se encuentran por sobre las 40 horas y estudiar su distribución horaria para poder alcanzar el tope. Por último, estos informes deberán ser validados y protocolizados en anexos de contrato que formalizarán la nueva jornada, etapa que la Dirección de Personal espera alcanzar a más tardar a fines de julio.

Beneficios a la vista

La jornada de 40 horas es una aspiración que tomó fuerza a partir del proceso de análisis y conversaciones realizado en la Mesa de Trabajo Institucional, que se creó para canalizar las demandas de la comunidad universitaria en el contexto del estallido social.

“La virtud de la Mesa Trabajo Institucional es que fue triestamental, transversal y participativa, por lo que sus acuerdos deberían contar con un alto nivel de legitimidad y adherencia”, detalló Cecilia Saavedra.

En lo práctico, la reducción de la jornada laboral permite potenciar la calidad de vida de la trabajadora y el trabajador en todos sus aspectos, según reflexionó la Directora de Personal: “Las ventajas de la jornada son bien transversales en torno a favorecer una adecuada conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, lo que también está en el sentido de la ley”.

La productividad, agregó Cecilia Saavedra, también se ve mejorada con la jornada laboral disminuida. Con la reducción de horas, “existe una mantención o fortalecimiento de la productividad laboral”, resguardando que el modelo de 40 horas mantenga el espíritu de la ley y también la calidad de las prestaciones que entrega la Universidad.

Por último, el modelo permitió contar con herramientas actualizadas para enfrentar la discusión legislativa, que terminó con la aprobación del proyecto. Con esto, se ajustaron procedimientos y servicios que ponen a la Universidad de Concepción en una posición de avanzada respecto de la implementación de la nueva normativa.