Conversatorio organizado por la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción reunió a los cinco constituyentes de Ñuble, quienes respondieron las preguntas de un panel de cuatro profesionales del mundo académico, medioambiental y agrícola.

Con la participación de los cinco constituyentes electos de Ñuble se desarrolló este miércoles el conversatorio web “El agua en la nueva Constitución: Las cinco voces de Ñuble”, organizado por la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción (FIAUdeC), con el patrocinio del programa Foro Constituyente Udec.

El exintendente y agricultor Martín Arrau; el exsenador y exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe; la agricultora y expresidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Margarita Letelier; la emprendedora y experta en medio ambiente, Carolina Sepúlveda; y el líder ambiental y cofundador del movimiento Ñuble Libre, César Uribe; expusieron sus planteamientos sobre el agua en la futura Constitución, como un apronte de lo que será la discusión en la Convención, que iniciará su labor en julio próximo.

Ellos, además, respondieron las preguntas que les formularon los cuatro panelistas invitados, con los que profundizaron aspectos como la protección del medio ambiente, el agua como bien nacional de uso público, la propiedad de los derechos de aprovechamiento, la disponibilidad y la gestión del agua.

Integraron el panel el Dr. José Luis Arumí, académico de FIAUdeC; Angélica Cuevas, dirigente de la Coordinadora Ñuble Sustentable y Libre de Contaminación; Paulo de la Fuente, académico de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UdeC; y Francisco Saldías, juez de aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín.

Durante el conversatorio se observaron algunos consensos respecto de la consagración del derecho al agua, del carácter de bien nacional de uso público, de la prioridad para el consumo humano y también del rol ambiental del agua, sin embargo, también se advierten disensos en cuanto a la propiedad, donde las posturas van desde la mantención del modelo de derechos de aprovechamiento de aguas hasta el reemplazo por un modelo de concesiones de uso que se entregan en función de las prioridades establecidas, así como también hay disensos en materia de administración del agua.

Consensos y disensos

Martín Arrau advirtió la importancia de la infraestructura para llegar con agua a todos y el rol del Estado en este desafío, criticando su ineficiencia.

“Hoy estamos claros que el agua es un bien nacional de uso público, está establecido en el Código de Aguas, y a las personas se les entrega un permiso para utilizarlas. Yo no veo inconveniente en que se establezca en la Constitución. La verdad es que el efecto práctico de eso es más bien declarativo, pero si contribuye precisamente a bajar algunas expectativas y algunas banderas de lucha más ideológicas y simplificar el asunto, bienvenido sea; pero sí, teniendo muy claro que es importante para todas esas personas que son usuarios de agua la certeza de esos permisos en el largo plazo, de tal manera de poder construir la infraestructura, y ahí voy donde hay que reconocer el rol de todos esos privados que han desarrollado esa infraestructura que posibilita que hoy Chile sea potencia agroexportadora y que tengamos una cobertura de agua potable de las más altas del mundo”, afirmó Arrau.

Carolina Sepúlveda, por su parte, apuntó a la necesidad de explicitar las prioridades de uso del agua en el contexto de cambio climático. “Yo creo que primero hay que establecer el derecho al agua con la prioridad en las personas, un mínimo ecológico, después pequeña y mediana agricultura, agricultura industrial, industria y minería, en ese orden. Tenemos que fomentar las políticas públicas hacia los APR, hacia la pequeña y mediana agricultura, replicar lo que se hacía en los años sesenta, con los pozos comunitarios, mayor cantidad de tranques, pero en forma territorial, no grandes represas, y en ese contexto, necesitamos una real protección del medio ambiente, porque el agua es parte de nuestro medio ambiente, debemos hacer al medio ambiente sujeto de derechos”, sostuvo.

La profesional acotó que la Constitución vigente también define al agua como un bien sujeto de propiedad y recordó que no solo los privados han construido infraestructura de riego, sino que también el Estado, a través de la Ley 18.450, que según dijo, ha beneficiado principalmente a los agricultores “más ricos”.

En tanto, Felipe Harboe abordó la necesidad de definir como principio, que el agua es un derecho humano, y en consecuencia, la legislación se hará cargo de los temas más específicos bajo ese principio. Pero también planteó que se deben definir las obligaciones del Estado, de manera que sea un promotor del uso eficiente del agua desde el punto de vista social, es decir, que el acceso esté garantizado.

Respecto a la importancia de establecer en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público, postuló que no basta con que esté en la ley, “porque la propiedad está en la Constitución, y el bien de uso público está en la ley, entonces, cada vez que se va a invocar, se establece finalmente que sería inconstitucional, porque se ha propietarizado el derecho del agua”, al tiempo que propuso que “debiéramos tender a una despropietarización del derecho al agua, toda vez que si el derecho fue adquirido gratuitamente, ese otorgamiento fue condicional para desarrollar una actividad productiva, y quien no lo use para ese efecto, tendría que devolverlo”.

Desde la perspectiva de la agricultura, Margarita Letelier defendió la vinculación entre el agua y el agro y reiteró la necesidad urgente de invertir en infraestructura para paliar la severa crisis hídrica.

“Cuando se habla de agua, no se puede separar de la agricultura como actividad esencial, estos dos elementos tienen que ir juntos, así como también que para todo el mundo está clarísimo la necesidad de asegurar el agua para consumo humano”, reflexionó Letelier.

Precisamente, César Uribe reconoció que el agua será una de las discusiones emblemáticas en la Convención Constituyente.

“El tema del agua en Chile, al privatizarse con la Constitución de 1980 termina quitándole el valor ecológico de lo que significa el bien esencial, eso es algo que sobre todo en el contexto actual, tiene que cambiar; el agua tiene que abordarse primeramente desde la mirada ecosistémica, de lo que significa para preservar el medio ambiente, y de paso, todas las especies, incluidos nosotros; por lo mismo, tal como lo expresé claramente durante la campaña, creo que hay que desprivatizar el agua, tiene que volver a concesionarse para quien lo necesite, y se tienen que establecer prioridades en su uso, como ya se ha dicho, y eso no se puede hacer de otra forma si es que no desprivatizamos el agua”.